Leyes sobre eficiencia energética: ¿cuál es el futuro de la vivienda en España en 2033?

En un esfuerzo por alcanzar los objetivos climáticos de 2050, la Unión Europea ha puesto en marcha diferentes acciones. Por un lado, se desbloquearon los Fondos Next Generation que todo ciudadano puede pedir para realizar cambios en el modelo energético en su hogar.

Por otro lado, se ha establecido un requisito crucial: a partir de 2033, toda vivienda que se ofrezca en venta o alquiler deberá contar, al menos, con la certificación energética de letra D. Este marco legislativo no solo refleja la creciente conciencia ambiental a nivel europeo, sino que también plantea desafíos y oportunidades significativas para el mercado inmobiliario español.

La adaptación a estas regulaciones no solo es imperativa desde el punto de vista normativo, sino que también marca el comienzo de una oportunidad única para la sostenibilidad y modernización del sector inmobiliario en España.

¿En qué punto se encuentra España?

Según un análisis de Masteos en colaboración con The Fringe Labs, solo el 5,5% de las viviendas en España cuentan actualmente con certificados energéticos óptimos (A, B o C), mientras que un 9,6% posee la certificación D. Esto significa que, en la actualidad, solo el 15,1% de las viviendas cumplirían con los requisitos para ser vendidas o alquiladas en 2033.

Casi el 70% (es decir, 7 de cada 10) de las viviendas en España tienen más de 23 años de antigüedad, y más del 36,2% superan los 43 años, resaltando la urgencia de actualizar una parte significativa del mercado inmobiliario nacional.

Todos estos datos nos vienen a señalar que al menos 58 millones de viviendas requerirán reformas para mejorar su eficiencia energética si desean ser vendidas o alquiladas a partir del año 2033.

Por lo tanto, es crucial reconocer la necesidad inminente de comenzar la renovación de los hogares españoles desde ahora. La inversión en eficiencia energética no solo asegura la conformidad con las futuras regulaciones, sino que también aumenta el valor de las propiedades y contribuye a la sostenibilidad ambiental. Los propietarios tienen la oportunidad de liderar el cambio hacia hogares más eficientes y sostenibles, adelantándose a las restricciones del mercado futuro.

¿Cuáles serán las Comunidades Autónomas más afectadas por la ley?

El análisis detallado por comunidades autónomas resalta la diversidad de desafíos y oportunidades en el panorama inmobiliario español. País Vasco, Canarias, Cataluña y Cantabria se enfrentan a porcentajes significativos, con entre el 87,4% y el 93,7% de las viviendas que requerirán reformas para alcanzar la certificación energética necesaria. Madrid, por su parte, también presenta un desafío sustancial, con el 78,2% de sus viviendas necesitando rehabilitación para obtener al menos la certificación energética D.

A nivel provincial, Soria se destaca como la provincia con la mejor certificación energética, con el 30% de sus viviendas certificadas A, B, C o D. Por otro lado, el análisis revela que Alicante, a pesar de tener uno de los parques de vivienda más modernos de España, se encuentra en el séptimo lugar en el ranking de certificaciones energéticas. Solo el 11,1% de sus viviendas poseen certificados entre A y D, mientras que un considerable 88,9% requerirá reformas para ser vendida en 2033.

Andalucía, siendo la Comunidad Autónoma con el parque de viviendas más moderno, muestra un 28,3% de viviendas con más de 43 años. Esto resalta la paradoja de tener un parque moderno, pero que aún enfrenta desafíos en términos de certificación energética.

¿Qué implicaciones tendrá la entrada en vigor de esta ley?

Esta legislación de eficiencia energética no solo representa un paso significativo hacia una vivienda más sostenible, sino que también conlleva una serie de ventajas que redefinirán el panorama del sector:

1. Sostenibilidad ambiental: La legislación impulsa la adopción de prácticas más sostenibles, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono y fomentando la eficiencia energética en las viviendas.
2. Valor agregado a la propiedad: Las reformas para cumplir con los estándares energéticos no solo garantizan conformidad legal, sino que también aumentan el valor de las propiedades, ofreciendo una inversión a largo plazo.
3. Modernización del parque inmobiliario español: La normativa motiva la modernización de las viviendas, mejorando la calidad de vida de los residentes y adaptando la infraestructura inmobiliaria a estándares contemporáneos.
4. Impulso económico: La necesidad de reformas crea un impulso económico al generar demanda en la industria de la construcción y de la renovación, contribuyendo al crecimiento económico del sector. Aunque obviamente, habrá que elegir a los profesionales adecuados para gestionar la reforma del hogar.
5. Ahorro energético y de las facturas: Las viviendas más eficientes consumen menos energía, lo que se traduce en ahorros significativos en las facturas de la luz y del gas.
6. Oportunidades de inversión: La necesidad de reformas crea un nicho para inversores, sugiriendo que invertir en pisos para reformar puede ser más rentable que en propiedades de obra nueva, ofreciendo oportunidades únicas para aquellos que buscan maximizar su retorno de inversión.